Me acabo de enterar que hoy, 28 de septiembre, es el Día Internacional del Derecho a Saber, y es una excusa perfecta para hablar de la apertura de los datos públicos, el Open Data, y la necesidad urgente de tirar para adelante –de una maldita vez- la Ley de Transparencia.
Esta celebración fue instituida en el 2002 con el objetivo de concienciar a todas las personas sobre su derecho al acceso a la información pública. Estos son los 4 principios básicos:
- El acceso a la información es un derecho de todos. Cualquier persona puede solicitar información, sin requisitos previos, y sin necesidad de justificar las razones por las que está buscando la información.
- El acceso es debe ser la norma, y el secretismo la excepción. Toda la información que mantienen las administraciones es pública en principio. La información sólo puede ser reservada o secreta cuando existan razones legítimas que lo justifiquen (seguridad, privacidad personal, etc.).
- El derecho aplica a todos los entes públicos. Los datos públicos en realidad pertenecen a los ciudadanos, y por lo tanto deben ser accesibles para toda la sociedad sin ninguna discriminación y para cualquier uso.
- Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito. Los datos públicos deben estar al acceso de la ciudadanía, en formatos digitales, estandarizados, y abiertos, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión y reutilización.
Que se resumen en uno solo: Tratarás a la información pública como si fuese pública.
Se suele pensar que la “Ley de Transparencia” es una medida para luchar contra la corrupción, ya que permitirá tener un mayor control sobre cómo gastan los políticos el dinero adquirido con nuestros impuestos. Sin embargo, ésa es solo una de las consecuencias de la apertura de los datos públicos (y, en mi opinión, una consecuencia secundaria).
Mucho más interesante es pensar en las maneras en que ciudadanos y empresas podrán utilizar y reutilizar toda la información del sector público. Estamos hablando de información completa, fiable, y de calidad, referente a multitud de temas sociales, económicos, geográficos, estadísticos...
Esa información en manos de ciudadanos y empresas presenta un considerable potencial económico, y podría ser utilizada para generar nuevos productos y servicios, y para abrir mercados inexistentes en este momento. Con información, ciudadanos y empresas podrán tomar mejores decisiones.
La administración no está haciendo nada con ese “potencial económico” por muchas razones: Probablemente no sabe ni quiere hacerlo, pero es que además tampoco está entre sus funciones ofrecer esos productos y servicios de valor añadido. Lo único que le pedimos es que deje que sea la sociedad civil quien lo haga.
Para finalizar, reconocer que se han dado pasos en el sentido correcto de abrir y reutilizar la información pública, y el proyecto Aporta es un magnífico ejemplo de ello, pero sus recomendaciones parece que han sido ignoradas por los distintos organismos públicos. Por ejemplo, es inadmisible que el listado de las subvenciones otorgadas o los anuarios estadísticos de cualquier ministerio se ofrezcan en formatos PDF intratables, o que la página de INE (¡Del INE!) sea obra de un sádico torturador (por cierto, la página no ha cambiado desde que IE5 y Netscape eran los navegadores más populares, ya os podéis imaginar lo tratable y accesible que resulta la información...).
Más información:
PD: Por cierto, me emocioné cuando los primeros días el #15M reclamaba una mayor transparencia de la información... En algunas votaciones incluso salía como la tercera o cuarta reivindicación principal... Lástima que finalmente hayan encontrado peticiones más important@s.
